La Plataforma Estatal por la Escuela Pública (CCOO, STES-i, UGT, CGT, MRP, Sindicato de Estudiantes, FAEST, Estudiantes en Movimiento y CEAPA) se opone a la aprobación de una normativa básica que regulará las reválidas de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional y el acceso a la Universidad.

La actual situación política y jurídica deslegitima al Gobierno en funciones para seguir desarrollando la LOMCE, sobre todo en referencia a las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, que han sido los elementos más rechazados de la Ley educativa, máxime cuando el Pleno del Congreso de los Diputados tomó en consideración, el pasado 5 de abril, una proposición de ley para paralizar el calendario de implantación de la LOMCE, con 186 votos a favor.

La Plataforma Estatal por la Escuela pública considera que la evaluación que propone el real decreto no responde a los objetivos que una normativa sobre dicho asunto debería proponer. La prueba diseñada no contiene información sobre capacidades, expectativas, ni intereses del alumnado que puedan contribuir al objetivo razonable de mejorar la orientación. Todos estos elementos, más otros que serían necesarios y que no dependen del propio alumno, deberían tenerse en cuenta para la orientación y el acompañamiento personalizado del alumnado. En lugar de orientar, el resultado de la prueba obliga al alumnado a seguir o no seguir determinadas trayectorias.

El Gobierno no prevé salidas adecuadas para el alumnado que no supere las pruebas. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se desentiende del alumnado que no supere la evaluación final, en ESO y en Bachillerato. La medida visible que propone es la repetición del examen, en sucesivas convocatorias. Pero, además, como alternativa a la preparación de estas pruebas, en solitario o en academias particulares para las que se abre otra vía de negocio, se fuerza a quienes no superen las pruebas y no quieran quedar excluidos del sistema educativo, a aceptar la FPB si se ha suspendido la prueba de ESO o a cambiar hacia la FP si se suspendió la de Bachillerato.

Debe destacarse que estas pruebas permitirán a las Administraciones educativas, mediante la graduación de la dureza de las pruebas para conseguir un porcentaje de suspensos deseados, distribuir porcentualmente al alumnado, bien entre Bachillerato o FPB, bien entre Universidad y FP. Es un sistema perverso que debe ser eliminado para garantizar el derecho del alumnado a cursar los estudios que se desean y no los que quiera la Administración de turno.

El gobierno, convencido de que la educación obedece a las reglas de la aritmética, y tal como prescribe la LOMCE, arbitra que para la obtención del título, las calificaciones obtenidas en la etapa evaluada tengan un peso porcentual para aquel alumnado que proviene, en cada caso, de la ESO (70%) y del Bachillerato (60%). Al alumnado que proviene de Formación Profesional, sus calificaciones no les suman en ninguna proporción. Tampoco al alumnado que proviene de la formación de personas adultas.

De esta forma, el real decreto no garantiza los medios para alcanzar la normalización y se pone en cuestión el derecho fundamental a la educación. El sistema educativo ya tiene mecanismos para garantizar la información a las familias. El resultado de una prueba estandarizada no cambia el conocimiento sobre el proceso educativo.

Otro de los aspectos principales del texto es el uso de la calificación de las materias evaluadas y de la evaluación final de Bachillerato en los procedimientos de admisión a la Universidad. La LOMCE permitirá a las universidades realizar sus propias pruebas, y suprime las PAU que se han venido desarrollando hasta ahora. A partir de este momento se crea la comisión central, órgano con voz pero sin voto en el que participan las Comunidades Autónomas y la Conferencia de Rectores, responsable de establecer y proponer cada año el diseño y los contenidos de las pruebas.

La Plataforma considera que ninguna evaluación puede garantizar que todo el alumnado alcance los niveles evaluados. Para que el alumnado desarrolle una educación adecuada se necesitan acierto en la programación de la enseñanza y recursos adecuados. Si lo primero ha generado controversia, sobre lo segundo no hay ninguna duda: los presupuestos para la educación han caído por encima del 20% y de forma desigual.

La Plataforma estatal por la Escuela Pública insiste en que el Gobierno no puede legislar olvidando los derechos del alumnado y la equidad del sistema educativo público. Asimismo, ante el estado de confusión e inequidad que se genera con el real decreto de reválidas y acceso a la universidad, propone prorrogar las normas vigentes actualmente hasta la constitución de nuevo gobierno.

Pero, ante la actuación de un Gobierno en funciones, deslegitimado completamente para aprobar este real decreto, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública inicia actuaciones para conseguir la anulación del mismo y exige a los grupos parlamentarios del Congreso que hagan lo mismo de forma urgente para que ello sea una realidad en el plazo más breve posible.