El estancamiento de la actividad política, causado por la falta de entendimiento entre los grupos políticos del Congreso de los Diputados tras las últimas Elecciones Generales, está alarmando a un ritmo creciente a la comunidad educativa al observar cómo las posibles y necesarias medidas que se deberían de adoptar para eliminar el ataque a la educación pública se están eternizando en el tiempo.
Junto con la derogación de la LOMCE, la reversión de los recortes educativos y la reforma universitaria del anterior gobierno -ahora en funciones- es urgente tomar decisiones inmediatas para evitar o minimizar sus efectos a corto plazo. Dicho gobierno en funciones, que carece de legitimación democrática para seguir aplicando una políticas que deberían pertenecer ya al pasado, no demuestra con sus actos estar dispuesto a ser consecuente con el resultado de las urnas y, lejos de paralizar preventivamente la aplicación de las normas que impuso en la anterior legislatura, se extralimita legislando y administrando con criterios antidemocráticos, con evidente menosprecio al sentir ciudadano.
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